Por Daniel González, director Ejecutivo de IDEA, y Santiago Bulat, economista jefe de IDEA
La actual crisis entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales tiene un único origen: la falta de un sistema de reparto de ingresos que sea transparente, justo y sostenible. En la actualidad nadie está satisfecho; la Nación siente que las provincias no se comprometen con la necesaria disciplina fiscal y éstas consideran que la Nación las extorsiona al escatimarle recursos discrecionales.
Creemos que Argentina necesita un pacto fiscal que establezca una nueva distribución de ingresos, pero que también comprometa a todas las jurisdicciones con la reducción del gasto público hasta el límite donde pueda financiarse sin emisión ni entrar en una nueva crisis de endeudamiento.
Pero también consideramos imprescindible que se entienda el punto de partida: Argentina se ha convertido en uno de los países más gravosos del mundo y esto es un obstáculo para la inversión y, con ello, para la generación de empleo privado de calidad. Por eso, cualquier nuevo acuerdo no solo no debiera considerar aumentos de impuestos, sino que además tendría que iniciar el camino hacia la eliminación de impuestos distorsivos y la reducción de la carga fiscal sobre aquellos que pagan impuestos.
¿Por qué se necesita un nuevo pacto fiscal en forma urgente?
- Porque la Reforma Constitucional de 1994 estableció que debía sancionarse un nuevo régimen de coparticipación y nunca se hizo. En cambio, se sucedieron acuerdos fiscales de mayor o menor duración, pero sin solucionar la cuestión de fondo.
- Porque por primera vez en mucho tiempo hay un consenso generalizado sobre la importancia del equilibrio fiscal.
- Porque estamos en una situación límite donde muchas provincias tendrán dificultades para hacer frente a sus obligaciones esenciales de seguridad, salud y educación.
- Porque el retraso en un acuerdo puede resultar en aumentos de alícuotas o nuevos impuestos provinciales y de tasas municipales que hagan todavía menos competitivas a las empresas argentinas y más pobres a sus ciudadanos.
- Porque las dificultades financieras de las provincias podrían incentivar a propuestas cortoplacistas que agraven el problema de origen, como por ejemplo la coparticipación del impuesto PAIS.
- Porque la Nación necesita del acuerdo político con una masa crítica de gobernadores para poder impulsar su agenda legislativa.
- Porque hay una instancia concreta para discutirlo, que es la convocatoria del presidente Javier Milei al Pacto de Mayo a realizarse en Córdoba.
Qué proponemos desde IDEA
1.- Nuevo reparto en la coparticipación. Adecuar los porcentajes de asignación a la realidad demográfica y socioeconómica de cada provincia. Los porcentajes establecidos hoy, se basan en criterios arbitrarios de 1985-87. Actualmente, muchas provincias dependen casi exclusivamente de los ingresos que llegan desde la Nación y otras reciben mucho menos de lo que aportan y de lo que sus indicadores económicos y sociales justificarían. Para permitir una transición para aquellas provincias que sean negativamente afectadas por un nuevo régimen de coparticipación, se podría armar un fondo compensador a fondearse inicialmente con parte de las transferencias discrecionales de los últimos años, y que vaya decreciendo hasta desaparecer.
2.- Combate a la evasión. Consideramos necesario que se amplíe la base de contribuyentes para repartir la carga tributaria de manera equitativa, ordenada y transparente en toda la sociedad, eliminando la competencia desleal y reduciendo la presión sobre el sector privado formal. También nos resulta clave la concientización fiscal de los contribuyentes, con iniciativas como la de lograr que los impuestos nacionales, provinciales y municipales implícitos en los bienes y servicios sean visibles para todos (hoy existe una prohibición a través de la Ley 23.349).
3.- Impuesto a las ganancias. Restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría que asegure progresividad, con límites y deducciones razonables y con actualizaciones permanentes, y reformulación del régimen simplificado que es excesivamente gravoso para autónomos y laxo para monotributistas. Añadiendo para estos últimos un régimen de blanqueo que cuente con un bloqueo fiscal para quienes adhieran al régimen de transición, a modo de incentivo a cambiar de categoría.
4.- Eliminación de distorsiones provinciales y nacionales. (i) Reemplazo de IIBB por impuesto a las ventas u otro mecanismo que elimine el “efecto cascada” que encarece los procesos productivos y atenta contra la competitividad, (ii) Transformar el Impuesto a los débitos y créditos bancarios en un pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, (iii) Eliminación del Impuesto PAIS cuando venza a fin de año y compromiso para la eliminación gradual de las retenciones a las exportaciones.
Si bien consideramos que estos son los puntos de mayor urgencia, no son los únicos frentes en lo que Argentina debe avanzar. Consideramos que el Estado Nacional debe terminar con un esquema permanente de moratorias tanto tributarias como previsionales, eliminando progresivamente los regímenes de excepción. A su vez, con el fin de normalizar las alícuotas del impuesto inmobiliario y patrimoniales, se debieran retomar los procedimientos y metodologías de valuación establecidos por un organismo federal, que permitan determinar las valuaciones fiscales reales y establecer un tope a la alícuota a pagar. Por último, debe haber un compromiso de no creación ni aumento de impuestos o tasas que sigan poniendo más trabas al sector productivo.
