En los últimos años, IDEA viene consolidando una lista de propuestas orientadas a mejorar el sistema tributario argentino con varios focos: aumentar la competitividad a través de la eliminación de impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos o los derechos de exportación; ampliar la base de contribuyentes con medidas que fomenten la formalización; y también simplificar y transparentar el sistema.
En el próximo 60° Coloquio -y luego de extenso un trabajo de casi un año realizado por un grupo de CEOs asesorados por especialistas- se volverán a presentar ideas para la mejora del sistema.
En Coloquios anteriores, por ejemplo, se hizo foco en la pérdida de competitividad que genera el entramado tributario en los bienes y servicios que se producen en nuestra economía, lo que implica una menor entrada de divisas y bienes más caros para toda la sociedad. Una de las propuestas fue gravar con el Impuesto a los Ingresos Brutos solo el último eslabón de la cadena como primer paso hasta alcanzar la eliminación total del impuesto.
Otra de las propuestas fue la necesidad de limitar el crecimiento de las tasas municipales. Un tema que fue tomado por el actual Gobierno que durante este mes de septiembre dispuso dos medidas que van en este sentido: impedir que los municipios cobren impuestos a través de las facturas de servicios y resolver que las estaciones de servicio que apliquen tributos viales o municipales deban informarlo a sus clientes en los surtidores.
Desde la mirada de IDEA también es clave la ampliación de la base tributaria a través del combate a la evasión impositiva, un problema que dificulta el equilibro de las cuentas públicas. Algunas de las propuestas realizadas fueron incentivar el crecimiento de la facturación de los monotributistas sin obligar a un salto al régimen de responsable inscripto; y potenciar los pagos con medios digitales, para lo que es necesario la eliminación del impuesto a los débitos y créditos.
Otra de las iniciativas impulsadas por IDEA fue transparentar el pago de los impuestos en distintos bienes donde los consumidores se vean afectados y puedan comprender el impacto que tienen en su vida cotidiana. Hoy, el Gobierno está trabajando en la implementación de una iniciativa que se aprobó en la Ley Bases: el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que propone a partir de 2025 incluir en tickets, facturas y comprobantes emitidos en todo el país el detalle desglosado de los impuestos que paga el consumidor.
Encuentro de Impuestos
Un eje fundamental de las propuestas en materia fiscal es el debate de una nueva Ley Federal de Coparticipación. “No existe posibilidad de mejorar las condiciones de nuestro federalismo fiscal si no empezamos por rediscutir el para qué y el cómo se distribuye el dinero recaudado de manera vertical en base a criterios que tengan que ver con la actualidad”, fue uno de los planteos realizados por la institución en el 59° Coloquio luego de un debate sobre el tema.
Este año, IDEA volvió a poner sobre la mesa este tema durante su tradicional Encuentro de Impuestos, que se realizó el pasado 20 de agosto con la participación de más de 300 profesionales, referentes empresarios y especialistas en temas tributarios.
“Estamos en un punto de inflexión, donde todo el sistema tributario está en discusión. En IDEA queremos ser parte y nos comprometemos a propiciar espacios de debate. El gran desafío es lograr que el sistema tributario sea una herramienta para que nuestro país sea más previsible y atractivo para las inversiones, no solo extranjeras sino también para nuestros empresarios y para el crecimiento de las pymes”, dijo Pablo Guzmán, líder de la Red de Impuestos de IDEA y subgerente de Impuestos de Sinteplast, en el inicio del evento.
En uno de los paneles, el diputado nacional Luciano Laspina aseguró que hoy están dadas las condiciones políticas para una discusión madura sobre la Ley de Coparticipación Federal. “Para eso se necesita una economía estabilizada y estamos más cerca de lograrlo”, dijo.
El actual sistema de distribución de los fondos coparticipables conlleva desigualdades. Al analizar lo que las provincias contribuyen y reciben en función de su producto bruto, se hace evidente que algunas provincias resultan beneficiadas mientras que otras salen perjudicadas.
“Tenemos una foto donde la Región Centro (CABA, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) aporta el 70% del PBI del país y recibe el 40% de la distribución. Hay regiones ganadoras y perdedoras. Hay que evaluar un nuevo régimen a raíz de la nueva matriz económica productiva de la Argentina en los próximos 20 años”, señaló Sebastián Mancuso, socio de Impuestos en Grupo GNP.
Por su parte, Laspina propuso como alternativa que se computen los servicios públicos básicos a los que los ciudadanos deberían acceder en todas las provincias y que el Gobierno Nacional aporte la diferencia. “La transferencia de igualación sería el diferencial entre los servicios públicos que debe financiar cada provincia, con su estructura de costos en función de la cantidad de habitantes, con su capacidad potencial de recaudación”, explicó el legislador.
Este sistema de transferencia de suma fija tendría varias ventajas, según la visión de Laspina, ya que cada provincia tendría más incentivos para reducir los costos y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.
Mancuso hizo un repaso de la historia de la Ley de Coparticipación vigente: “Arranca en el 1988, basada en un régimen de reparto discrecional pensado como transitorio hasta diciembre de 1989 y que finalmente se termina prorrogando hasta el día de hoy porque esa ley tiene una renovación automática. Después viene la reforma constitucional donde empieza la construcción del laberinto que tenemos”, repasó Mancuso.
“Las provincias perdedoras, que son las más productivas, tienen serios problemas de infraestructura. En esta distribución tampoco ayuda el hecho de que las provincias que reciben más de lo que aportan no hacen rendición de cuentas respecto al mejoramiento de los índices de desarrollo humano o económico entonces. Hay que crear un régimen con con indicadores objetivos que establezca un piso mínimo de acceso a bienes públicos para todos que sea democrático y cumpla con los principios de equidad y solidaridad”, concluyó.
