Excelente repercusión de la sesión interactiva, que fue reflejada en todos los medios de comunicación.
Sus participantes han sido los principales protagonistas: Han podido expresarse empresarios, políticos, consultores, académicos y periodistas.
Han opinado los diferentes sectores: industria, servicio y agro.
Y se hicieron oír la multiplicidad de empresas, tanto las de capital extranjero como las nacionales; si bien hubo predominancia de empresas grandes, también han podido participar hasta las más pequeñas.
Análisis
1) ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Comenzando con el tema de la informalidad laboral, el reclamo principal ha sido la obtención de mecanismos de contratación más flexibles. Esto no debe entenderse como la precarización del trabajo, sino como la ayuda para que las empresas puedan incorporar mayor capital humano sin perder competitividad. Esta postura correspondió predominantemente a las industrias de mayor tamaño.
Se observa amplia la comprensión del fenómeno de los Ni Ni. Si bien sobresalen los incentivos impositivos, suma más opiniones el retorno a la cultura del trabajo a través de pasantías, tutores y cambios en los contenidos en la escuela secundaria. Son predominantes las apreciaciones en este sentido de los políticos y funcionarios.
El desafío ante los empleados por debajo de 30 años es lograr incluir sus factores de innovación, creatividad y conocimiento tecnológico en un entorno donde equilibran la vida personal con el trabajo, en condiciones donde se observa un bajo nivel de compromiso hacia la autoridad.
Preocupa la existencia en la economía argentina de sectores de muy alto nivel de evasión, con su correlato de competencia desleal y empleo informal.
La creación de incentivos a las microempresas familiares tiene distinto énfasis según los actores que dan su perspectiva: políticos y funcionarios la apoyan por el mero hecho que se generaría empleo. Sin embargo, los empresarios temen que terminen siendo un motivo para la creación de unidades poco eficientes, que requieran en forma permanente de algún tipo de subsidio.
2) ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
La articulación público-privada es vista mayormente como la conjunción de tres grupos: las empresas, el Estado con los sindicatos y las organizaciones empresariales.
Los empresarios de nuestra muestra son quienes ponen más énfasis en que las organizaciones empresariales intervinientes deben coordinar sus acciones. Esta opción la apoyan predominantemente las grandes empresas nacionales.
La articulación público-privada es vista como una solución de largo plazo, además de una necesidad económica y social. En síntesis, es necesaria y posible.
Las actividades de responsabilidad social deberían entenderse como compromiso con la comunidad más que como una estrategia de imagen.
3) ASPECTOS INSTITUCIONALES
Prácticamente la totalidad de los consultados acuerda en que el fin no justifica los medios: no debe admitirse ante ninguna circunstancia que los funcionarios públicos recurran a medios no lícitos para beneficiar a la comunidad.
Es masiva la concepción de que no se acepta la corrupción como un dato estructural con el que se deba operar resignadamente. Esta creencia abarca tanto a las empresas extranjeras como a las de origen nacional.
Se propone un cambio de cultura en la relación entre sector gubernamental y las empresas.
El fortalecimiento de las instituciones pasa por ejes fundamentales, tales como el mejoramiento de los sistemas de control para una mayor transparencia, el acceso a la información, la morigeración de las facultades del Poder Ejecutivo, una reforma de la Justicia y el involucramiento en campañas de tipo cívico.
Para los entrevistados la recuperación del federalismo se basa en tres parámetros fundamentales: la devolución de las facultades a las provincias, la regionalización del país y la profundización de la autonomía de los municipios. Es interesante la coincidencia entre los políticos y funcionarios con estas aseveraciones.
4) DESIGUALDAD
Existe consenso sobre que no es sustentable a mediano plazo una situación de desigualdad social como la actual, en un contexto en el cual la articulación entre empresas, organizaciones sociales y Estado es muy baja. Industriales y grandes empresas son aun más enfáticos en esta posición.
Las empresas presentes asignan a su sector algún grado de responsabilidad en el estado de pobreza estructural que afecta al país.
Surgen opiniones polarizadas ante la posibilidad de creación de un fondo de lucha contra la pobreza: Hay quienes lo aceptarían siempre cuando fuera autónomo del Gobierno, y quienes consideran que lo que debe hacerse es administrar mejor los recursos ya existentes. Pero la coincidencia es que todos hemos asistido a un enriquecedor debate respecto a este punto.
No hay solución posible sin un trabajo conjunto entre las empresas, el Estado y las organizaciones sociales. Las grandes son las que más confían en el éxito de esta articulación.
Trabajar en forma conjunta con otras empresas es, por último, lo que puede generar una potente vía de solución en torno a la eliminación progresiva de la desigualdad.